El Concejo Municipal aprobó, en votación dividida, la contratación de una auditoría forense, para aclarar la situación financiera real, de la Municipalidad de Salamanca.
La investigación externa forense proporcionará, si es necesario, los medios probatorios para sustentar eventuales procesos penales.
La iniciativa fue presentada en el concejo municipal, por la directora de SECPLAN, Alexandra Urrutia Placencio.
En su exposición, explicó que esta auditoría externa busca fortalecer la institucionalidad, la probidad y la transparencia en la gestión municipal.
También destacó la importancia de asegurar que todas las operaciones y procedimientos del municipio cumplan con la legalidad y las normas establecidas.
Luego señaló, que a diferencia de una auditoría institucional realizada por Contraloría, esta auditoría externa forense, será ejecutada por una empresa privada especializada en análisis exhaustivos y técnicas criminalísticas, avalada por organismos estatales.
En caso de ser necesario, también permitirá perseguir responsabilidades penales y presentar pruebas ante tribunales.
Respecto al presupuesto y la duración del proceso, manifestó que SECPLAN realizó cotizaciones con empresas de auditoría avaladas por el Ministerio de Hacienda, estimando un plazo de ejecución de 2 a 3 meses, considerablemente menor al tiempo que requeriría un análisis realizado por Contraloría, que podría extenderse hasta 3 años.
Además, se destacó que esta decisión cumple con lo estipulado en el artículo 80 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece un plazo de 120 días tras el inicio del período alcaldicio para tomar este tipo de acuerdos.
El acuerdo se tomó en la sesión ordinaria N.º 2 realizada el 15 enero de 2025, en concejo municipal en pleno, con el objetivo de realizar una investigación técnica que permita recopilar evidencias sobre posibles irregularidades económicas, garantizando un uso adecuado de los recursos públicos.
Durante la sesión, al someter a votación, los concejales José Peña, Jacqueline Briceño, Ángel Barraza y Franco Cereijo estuvieron a favor de la contratación.
Los concejales Carlos Cepeda y Manuel Cuevas estuvieron en contra, manifestando optar por una auditoría realizada por Contraloría General de la República CGR.
La propuesta tiene como finalidad, investigar las irregularidades que han llevado al municipio, a acumular una deuda de 7 mil millones de pesos, posicionándolo en un estado de déficit financiero.
